ISLAM Y AL-ANDALUS

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LA ESTRUCTURA DE CLASES DESDE EL SIGLO XVIII HASTA LA EPOCA DE LOS CUARENTA DEL SIGLO XX.

 

En el siglo XVIII la gran mayoría de la población activa de Andalucía (el 73,4% en 1787) se dedicaba a actividades agrarias. Quienes se empleaban en la agricultura eran sobre todo (en torno a un 70%)

jornaleros, existiendo a este respecto una significativa diferencia entre el norte y el sur de España, ya que en la zona septentrional el número de personas que ejercía como jornaleros era mucho menor; en Asturias y el País Vasco la figura del jornalero era casi desconocida. Debido a la concentración de la tierra, en Andalucía las explotaciones mostraban un gran tamaño medio, casi cuatro veces por encima de la media nacional. 

La estructura de la sociedad agraria de la Andalucía del siglo XVIII estaba, en lo sustancial, conformada por cuatro grupos. 

En primer lugar, la nobleza y el clero, que aglutinaban prácticamente al conjunto de grandes propietarios de tierras y representaban un porcentaje muy reducido de la población andaluza; los nobles, por ejemplo, suponían alrededor del 0,9% de la población de Sevilla y en torno al 0,4% de las poblaciones de Jaén, Granada o Córdoba. 

Los ingresos que obtenían de sus tierras eran destinados, por parte de la Iglesia, a la construcción de edificaciones religiosas, a engrosar su patrimonio rústico y a aumentar su riqueza artística; y, por parte de la nobleza, a comprar más tierras y a mantener su fastuoso nivel de vida. 

En el siglo XVIII, la propiedad de la mayoría de las tierras de Andalucía estaba en manos de la nobleza, la Corona, la Iglesia y los Ayuntamientos. Según estima Bernal (1974), a mediados del siglo XVIII, la nobleza detentaba alrededor de un 60% de las tierras de Andalucía; la Corona, los Ayuntamientos y los particulares se repartían un 22%; y la Iglesia poseía el 17,6% restante, siendo, además, estas tierras de calidad y muy productivas: producían el 27,9% del producto agrícola de la región. 
Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, era ostensible el predominio de la gran propiedad, de manera que ya en el siglo XVIII el latifundio era un elemento capital de la estructura económica de Andalucía. Con respecto a los regímenes de tenencia dominantes en la agricultura de Andalucía durante el siglo XVIII, la forma de explotación que más abunda es el arrendamiento. 
Los grandes arrendatarios, que utilizaban los capitales acumulados, el excedente, para arrendar nuevas fincas, era el segundo sector social distinguible. 
En tercer lugar, estaban los pequeños propietarios y arrendatarios. Tenían una situación muy vulnerable, se hallaban continuamente agobiados por las deudas y, a veces, trabajaban también como jornaleros. 
En cuarto lugar, el grupo más numerosos y en peores condiciones sociales estaba conformado por los braceros y jornaleros agrícolas. La gran concentración de la tierra dio lugar a un extenso campesinado en situación de miseria, sin apenas capacidad de consumo. Sufrían una explotación despiadada, se les pagaba una miseria y vivían en el límite de la subsistencia, sobreviviendo gracias al trabajo de mujeres y niños, y del recurso al hurto. Según estimaciones, en torno a 1787 el salario de un bracero sevillano era de unos 3,35 reales diarios, cuando el precio de 1 Kg. de pan era de 1,3 reales aproximadamente y una familia precisaba, por termino medio, 2,5 Kg. diarios de pan, lo que suponía un costo de 3,25 reales. Por tanto, la mayoría de los productores del excedente agrario (jornaleros y pequeños propietarios y arrendatarios) se encontraban en condiciones de vida muy difíciles y precarias, lo que imposibilitaba el nacimiento y la constitución de un mercado interior en torno al cual se constituyese un proletariado artesanal o «premanufacturero» significativo. 
Sólo existía un artesanado rural disperso, dedicado sobre todo a satisfacer las necesidades más inmediatas de la población campesina (vestido, calzado, vivienda) y que, debido a la escasa demanda, atravesaba continuas dificultades. Dificultades que se acentuaron durante el siglo XVIII ante la presión de las manufacturas procedentes de Cataluña y el País Vasco, con las que los artesanos «premanufactureros» andaluces no podían competir. 

Finalmente, hay que señalar también la existencia de una burguesía industrial y, sobre todo, comercial. Cádiz y Málaga eran en el siglo XVIII dos relevantes centros comerciales, en los que la actividad comercial permitía una acumulación de capital. El comercio con las colonias americanas favoreció la formación en Cádiz de una significativa burguesía mercantil. Esta burguesía era en su mayoría de origen extranjero, existiendo también una significativa proporción de vascos y, en menor grado, castellanos y catalanes. 

Ya en el siglo XIX, con la decadencia del comercio gaditano y a raíz del proceso desamortizador, que facilitó la compra de tierras, los comerciantes destinaron sus capitales para adquirir fincas (inversiones, por ejemplo, en las viñas jerezanas), generándose un proceso de reconversión de comerciantes en propietarios agrícolas. De este modo, durante el siglo XIX, emergió una nueva burguesía agraria, que se repartió los latifundios junto a la antigua nobleza. La desamortización eclesiástica, impulsada sobre todo a partir de 1836 por Mendizábal, propició que la nobleza terrateniente, los grandes arrendatarios y la burguesía de origen comercial se apropiasen de grandes extensiones de tierra, en perjuicio de los antiguos colonos, que pasaron a engrosar las filas del proletariado agrícola. En 1837 se promulgó el decreto «de señoríos», en virtud del cual los nobles que presentasen pruebas sobre la territorialidad pasaban a convertirse en propietarios privados de las tierras en litigio. Prácticamente todas las sentencias se fallaron en favor de los nobles, que de este modo pasaron de señores a propietarios de las tierras. Esto supuso, además, la consolidación del latifundio en la agricultura andaluza y del caciquismo como un elemento de la estructura de clases en Andalucía. Igualmente, la desamortización civil de Pascual Madoz, realizada en 1855 bajo la presión ejercida por la burguesía agraria y que conllevó la subasta de las tierras municipales de propios y baldíos, así como una gran parte de las tierras comunales, supuso también un aumento del número de grandes fincas y/o grandes propiedades y la conversión de pequeños campesinos en simples asalariados. De este modo, se acentuó la división de las propiedades agrícolas del campo andaluz en minifundios y latifundios, existiendo muy pocas propiedades de tamaño medio. 

Los procesos desamortizadores empeoraron las condiciones de vida del campesinado; los jornaleros vieron frustradas sus esperanzas de ser propietarios de las tierras que trabajaban y sufrieron un proceso de proletarización paralelo a la bajada de sus salarios reales. Como profundizaremos posteriormente, con el fin de mejorar su situación, el campesinado emprendió una serie de luchas y movilizaciones, violentas en algunos casos. 
Llegamos, así, a finales del siglo XIX, donde la estructura de clases de Andalucía está conformada por los sectores que referimos seguidamente. 
En primer lugar, los grandes terratenientes, a menudo poseedores de títulos nobiliarios. 

En segundo lugar, una reducida oligarquía financiera y un activo núcleo de comerciantes, concentrados sobre todo en Cádiz, Sevilla y Málaga, algunos de los cuales habían acometido con escaso éxito algunos intentos de industrialización. 

Las clases medias existentes eran exiguas; estaban constituidas por un pequeño número de profesionales, comerciantes y funcionarios, afincados generalmente en los centros urbanos. Como veremos más adelante, un sector de estas clases medias, imbuido de un espíritu liberal, intentó fomentar la aparición de una conciencia regional andaluza, pero tuvo poco eco. 

Finalmente, la clase trabajadora y «pobre», que constituía las tres cuartas partes de la población andaluza, formada, en las zonas rurales, por jornaleros agrícolas y pequeños propietarios; y en los núcleos urbanos, por un proletariado de servicios o actividades marginales y esporádicas. Los movimientos anarquistas y socialista se difundieron ampliamente entre estas capas sociales que, como veremos, desarrollaron una intensa lucha de clases. La polarización de la estructura de clases acarreó una paralela radicalización ideológica: de un lado, el reaccionarismo de la clase alta y parte de la clase media más tradicionalista; del otro, el radicalismo anarquizante de muchos miembros de la clase trabajadora. Enfrentamiento de clases e ideológico que llegó a su punto álgido con el estallido de la Guerra Civil. 
Esta estructura de clases y la situación de desigualdad socioeconómica que implicaba se mantuvieron durante los años 40. A finales de los 50 se inició un proceso de cambio que cuajaría durante los años 60. 

 

2. La estructura de clases en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta 
A finales de la década de los cincuenta (en 1957, para ser más precisos) la población de las distintas provincias andaluzas presentaba (según Cazorla, 1973: 44)